Lunes 3 de agosto del 2026

El Perú enfrenta una brecha de infraestructura que condiciona su competitividad. Según un informe de la Universidad del Pacífico, elaborado en 2015 por encargo de AFIN, el déficit proyectado entre 2016 y 2025 ascendería a US$159.549 millones. Asumiendo que la proyección se confirma, cerrar esta brecha exigiría invertir el 8,27% del PBI anual cuando la inversión efectiva actual apenas ronda entre el 4% y 5%. Algunos informes apuntan que, al ritmo actual, la brecha tardaría 40 años en cerrarse.

Los sectores más críticos -transporte, saneamiento, educación y salud- concentran las mayores carencias. Así, solo por mencionar un ejemplo, según una nota técnica publicada recientemente por el Centro de Análisis y Monitoreo del Agua Potable de la SUNASS, al 2025 cerca de 3,3 millones de personas en nuestro país aún no contarían con acceso a agua potable, mientras que 6,9 millones no contarían con saneamiento básico.

Perú se ubica actualmente en el puesto 60 de 70 economías en competitividad (según el Ranking Mundial de Competitividad 2026), encontrándose en el puesto 65 en infraestructura. La administración entrante tiene una oportunidad histórica: recibirá una importante cartera de proyectos de APP -con cierto nivel de madurez-, y debe trabajar para llevarlos todos a ejecución, mejorando la competitividad de país.

El inicio de una nueva transición para los proyectos de APP

El reciente cambio de Gobierno coincide con un momento en que se vienen efectuando esfuerzos por retomar la senda de inversión en proyectos de APP. En 2025, ProInversión adjudicó proyectos de APP por solo US$ 2.069 millones (un 39% de la meta anual actualizada en julio de dicho año). Sin embargo, dicha institución proyectó para este año una cartera más ambiciosa con una inversión cercana a los US$ 20.000 millones (incluyendo la suscripción de 8 adendas con inversiones por alrededor de US $8.997 millones).

Según información oficial, entre los proyectos de APP en cartera en transacción por adjudicarse este año, figuran: Obras de Cabecera Fase 1 (US$ 779,52 millones), CER Lima Metropolitana (US$ 584,15 millones), Hospital de Sullana (US$ 188,36 millones), Teleférico Choquequirao (US$ 411,55 millones) y algunos proyectos eléctricos del Plan de Transmisión 2025-2034 (US$ 700 millones en conjunto). Por su parte, en fase de estructuración, aunque también con adjudicación prevista en 2026 destacan varios proyectos viales (US$ 1.518 millones en conjunto) y de saneamiento (US$ 3.919 millones en conjunto), así como el Terminal Internacional de Chimbote (US$ 462,89 millones).

Entre las adendas más importantes en negociación, se encuentra la de la Línea 1 del Metro de Lima (US$ 3.864 millones) y la de TGP (US$ 2.000 millones).

Continuidad institucional, sin dejar de lado tareas pendientes

En un escenario como el actual, garantizar la continuidad institucional resulta un imperativo, pero es igualmente importante ejecutar las tareas que se tienen pendientes para agilizar las adjudicaciones de los proyectos en cartera, y procurar que aquellos en ejecución no se vean paralizados, exponiendo al Estado peruano a nuevos arbitrajes internacionales y deteriorando el clima de inversión.

En cuanto al segundo objetivo, urge, por ejemplo, retomar el esfuerzo desplegado en su momento en lo que se refiere a simplificación administrativa, especialmente para los proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura. Resulta también relevante el fortalecimiento de actores trascendentales como ProInversión, que viene asumiendo desde hace algunos meses su nuevo rol como entidad titular de proyectos estratégicos, como en el caso del emblemático Anillo Vial Periférico.

Acuerdos que trasciendan ciclos electorales

Finalmente, resulta igualmente importante reforzar las políticas de Estado para la competitividad del país que forman parte del Acuerdo Nacional, en especial las de “Afirmación de la Economía Social de Mercado” y “Desarrollo en Infraestructura y Vivienda”, y así garantizar la continuidad de los proyectos de APP más allá de cada quinquenio.

En el último proceso electoral hemos vuelto a ser testigos no solo de la fragmentación de nuestro país, sino de la existencia de discursos invocando la estatización, la vuelta al rol empresarial del Estado o la revisión de los contratos de concesión, que no hacen sino poner en riesgo las inversiones que ineludiblemente requerimos para poder acortar la brecha que nos persigue.

El Perú no puede reiniciar el ciclo cada 5 años. La infraestructura no es gasto: es inversión con retorno cuantificable -hasta el 15% del PBI que se invierta-. Continuidad institucional y visión de largo plazo: el desarrollo no espera.