10 de Marzo del 2022

No es novedad que la actividad económica tuvo un rebote por encima de lo esperado en el 2021. Se superaron los niveles previos a la pandemia –situación que ni las principales consultoras vieron posible a mediados del 2021– y la recuperación vino antes. El 2022 no tendrá efecto rebote; lo cual es bueno –desde un punto de vista analítico y comparativo– para que así podamos ver el comportamiento real de la economía en los meses que vendrán.

Sin embargo, y como ya se sabe, indicadores como la evolución del PBI no necesariamente miden el desarrollo; y es aquí donde la tarea será más dura y no debemos poner trabas. Un indicador que, lamentablemente, también creció durante el 2021 fue la informalidad en el mercado laboral. De acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la informalidad a setiembre del 2021 –información para los últimos doce meses– ascendió a 78.2%, porcentaje superior al 74.5% registrado en el 2020; año en que la economía se contrajo más de 11%. Dicho porcentaje es el más alto de, por lo menos, los últimos diez años. Crecer –o, mejor dicho, recuperarse– tiene que ir acompañado con mejoras en las condiciones del mercado laboral. De lo contrario, un resultado como el rebote del PBI queda como un hecho aislado porque no se trataron problemas de fondo como lo es la informalidad; de las tasas más altas en la región.

Si, en la actualidad, el mercado formal no supera el 25% de la población ocupada, ¿por qué se busca limitar –y, en buena parte, eliminar– la tercerización de servicios laborales como lo ha planteado el MTPE? ¿De dónde surge la idea de que tercerizar actividades, sean del core del negocio o no, es negativo y necesita una reforma? ¿El foco no debería estar en mejorar la situación de casi el 80% de la masa laboral en el Perú que se encuentra en la informalidad, en vez de un sector que tal vez podría requerir de mejoras mas no de una eliminación?

Son muchas las autoridades, empresarios, y reconocidos funcionarios los que se han pronunciado en contra de la medida. Julio Velarde, presidente del BCRP, dijo que la medida es ‘una locura y es una pobre compresión de la economía’, en entrevista con RPP. Son varios los gremios los que también se han pronunciado en contra de la medida y buscarán que dicho decreto se derogue. Razones no les falta.

Como toda actividad económica, la tercerización laboral responde a las interacciones económicas y a las necesidades de los agentes involucrados. Si alguien puede realizar determinada tarea que es necesaria para la empresa, mas no es el core del negocio –servicios de catering en un campamento minero, apoyo con limpieza en grandes establecimientos, seguridad, call centers, sistemas de información, todo tipo de contrato con terceros vía servicios por honorarios, entre otros–, es más eficiente que un tercero –especialista en dicho servicio– lo haga. Es así como surgen las especializaciones y aparecen empresas que atienden determinados nichos.

Esto hace que se extienda la cadena de pagos y se creen empleos indirectos en varios rubros económicos. Veamos el caso de la minería: de los 233,910 puestos que generó la actividad en enero del 2022, 72.3% fueron generados por empresas contratistas –y se registró un crecimiento de 19.5% frente a enero del 2021–, de acuerdo con el último boletín informativo del MINEM. Con la eliminación de la tercerización, que aún no es clara y carece de detalles, el rubro de contratistas está en riesgo; y las empresas core no absorberán dicha masa laboral. Hay costos que incrementan la carga laboral, y se altera la estructura de la empresa; mas allá de que ahora tendrán que enfocarse en otros asuntos que solían ser vistos por terceros.

Si queremos recuperarnos, y mejorar las condiciones laborales, lo que toca es flexibilizar el mercado y volverlo más simple. Ponerle trabas a lo que funciona en vez de atacar el problema mayor no es el camino; mucho menos desestabilizar un mecanismo de trabajo que podría hacer que más personas terminen trabajando sin un mínimo de condiciones. Eliminar la tercerización es una práctica poco sostenible que resta competitividad y no permitirá que las empresas operen a su potencial total. La división de tareas, y la capacidad que tenemos para interconectarnos es lo estratégico, lo sensato, y lo eficiente en términos de uso de recursos. Y lo más importante, además de no añadir beneficios, genera mayor perjuicio al país al incentivar la informalidad. Todos pierden.