Martes 5 de agosto del 2025

¿Es posible que en momentos el símbolo más poderoso de un país deje de inspirar orgullo y empiece a reflejar sus debilidades estructurales? Eso es lo que puede estar ocurriendo con Machu Picchu, el principal atractivo turístico del Perú y uno de los sitios patrimoniales más valiosos del planeta, el cual, en mi opinión, hoy enfrenta en su conjunto un desgaste institucional, operativo y tristemente reputacional.

Aguas Calientes: epicentro del desorden

El pueblo de Aguas Calientes, puerta de ingreso a Machu Picchu, se ha convertido en un caos. Un sistema de acceso limitado, ventas presenciales vulnerables y poco transparentes, y mafias que especulan con boletos a sus anchas, haciendo que miles de turistas deambulen sin garantías. La venta presencial de 1.000 entradas diarias es terreno fértil para el mercado negro, donde operadores informales cobran el doble o triple del precio oficial.

Todo esto ocurre a la vista de las autoridades, en un ecosistema donde el control brilla por su ausencia. Ni el Ministerio de Cultura ni la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco parecen tener la última palabra. Como muestra, durante el Perú Travel Mart en mayo, se denunció públicamente que ni siquiera el Gobierno central tenía control real sobre las entradas.

Entre el Caos y Pérdidas millonarias

Según declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, Fernando Santoyo, el caos en la boletería presencial provoca que se pierdan alrededor de 3.000 entradas por semana, que se traducen en una pérdida anual calculada en S/ 25 millones (~USD 7 millones) por ingresos informales, colas improductivas y falsos reportes de agotamiento.

Lo más grave no es solo el impacto económico inmediato, sino el daño de fondo: el deterioro de la confianza del viajero internacional. Hoy, agencias y operadores dudan en incluir Machu Picchu en sus paquetes ante la falta de previsibilidad. Y lo que más preocupa: no existe un plan de contingencia transparente ni un canal oficial de diálogo efectivo con los actores involucrados.

De orgullo mundial… a destino «a evitar»

La revista especializada Travel & Tour World, con más de 10 millones de lectores globales, ha incluido recientemente a Machu Picchu en su lista de destinos “a evitar”, afirmando que “ya no vale la pena” debido al caos organizativo, altos costos y la falta de control. Es una frase dura, odiosa, que cuesta si quiera decirla, pero que sintetiza un sentimiento creciente en la industria: que el sitio más emblemático del Perú ha dejado de ofrecer una experiencia confiable.

Esta percepción negativa ha empezado a filtrarse en blogs de viajes, reseñas de agencias internacionales e incluso publicaciones académicas sobre overtourism. Todos sabemos que el daño reputacional puede tomar años en revertirse.

La respuesta oficial: defensiva y poco coordinada

Frente a esta crisis, la reacción del Estado ha sido desarticulada. Por un lado, el Ministerio de Cultura (MINCUL) defiende el modelo actual de venta online y presencial, restando importancia a las denuncias sobre desorden y especulación en Aguas Calientes. Por otro lado, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) ha reconocido públicamente el caos operativo y la necesidad de revisar el sistema de acceso al santuario.

Estas posiciones divergentes entre ambos ministerios, lejos de ofrecer claridad, han profundizado el desconcierto entre operadores, comunidades locales y viajeros, alimentando la sensación de improvisación institucional y falta de liderazgo claro en la gestión del principal destino turístico del país.

La ausencia de una estrategia nacional única, con liderazgo técnico y respaldo político, agrava el problema. Se nota más reacción que prevención. Más defensa de cifras que reconocimiento de fallas.

Actores del sector alzan la voz

A nivel local, los gremios turísticos exigen control sobre el proceso y un sistema claro, justo y descentralizado.

La crisis en torno a Machu Picchu ha generado convergencia de voces del sector público y privado. En los últimos días, diversos gremios empresariales y turísticos han emitido un comunicado conjunto, exigiendo soluciones estructurales urgentes. El pronunciamiento alerta sobre los efectos del actual sistema de gestión, no solo en el turismo receptivo, sino en la imagen internacional del Perú como destino confiable.

Los gremios coinciden en que seguir operando bajo un modelo improvisado no solo pone en riesgo al principal activo turístico del país, sino que también compromete el sustento económico de miles de familias y empresas vinculadas directa e indirectamente al turismo.

¿Qué se debe hacer? Cinco medidas clave

• Descentralizar el sistema de reservas: Migrar hacia un sistema descentralizado que garantice trazabilidad, transparencia y acceso ordenado a los cupos. No más venta en la madrugada. No más colas sin garantías.
• Establecer mesas de trabajo multisectoriales: Se requiere consenso y participación. Incluir a comunidades locales, gremios turísticos, operadores y técnicos del sector público.
• Eliminar las mafias con control efectivo y fiscalización: SUNAT, Policía y fiscalía deben intervenir el comercio informal de entradas. Esto no puede ser tolerado si queremos un turismo formal y competitivo.
• Reforzar la gobernanza del destino: Definir quién toma decisiones, bajo qué criterios, y con qué rendición de cuentas. Hoy hay una evidente disputa de poder entre Lima y Cusco que afecta a todos.
• Comunicación internacional clara y proactiva: No basta con negar rankings o atacar opiniones externas. Hay que explicar los cambios, reconocer errores y construir una narrativa de mejora continua.

Conclusión: ¿estamos a tiempo?

Machu Picchu representa mucho más que el legado histórico del Perú, encarna el valor cultural más emblemático del país. Pero, también debería ser el modelo de lo que podemos gestionar con excelencia. Lastimosamente hoy nos recuerda todo lo contrario: improvisación, fragmentación y descontrol.

Si no corregimos el rumbo, el turismo —que representa el 3.9% del PBI nacional y más de 1 millón de empleos— sufrirá consecuencias duraderas. Y lo peor no será perder visitantes, sino perder credibilidad.

El verdadero desafío no está en proteger una ruina milenaria, sino en modernizar nuestra forma de gestionarla. Con visión, decisión y transparencia. Y eso, más que una responsabilidad turística, es un acto de país.