23 de Junio del 2022
* La cuarta edición del índice evalúa la capacidad de 15 países en Latinoamérica para detectar, sancionar y prevenir la corrupción. Uruguay, Costa Rica y Chile se posicionan como los mejores. Nota original publicada en el portal del Consejo de las Américas (AS/COA). Editado y traducido por AmCham Perú.
La lucha contra la corrupción en Latinoamérica presentó un panorama mixto el último año. Algunos países mostraron resiliencia, mientras que otros (los dos más grandes de la región, México y Brasil), vieron retrocesos. Para muchos ciudadanos, ésta ha pasado a un segundo plano frente a problemas como la inflación y la lucha contra el COVID-19.
Algunos gobiernos están reduciendo su compromiso con los esfuerzos anticorrupción, mientras que otros siguen adelante con esfuerzos para fortalecer instituciones independientes. El escenario general este 2022 es de relativa estabilidad frente los retrocesos de años previos.
En este contexto, el Consejo de las Américas (AS/COA) y Control Risks presentan la cuarta edición del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC). Ésta es una herramienta de analítica (lanzada en el 2019) que evalúa la capacidad de los países latinoamericanos para detectar, castigar y prevenir la corrupción.
En lugar de medir la percepción de corrupción, el índice evalúa y clasifica a los países en función de la eficacia con la que pueden combatir la corrupción. Se considera que los países con una puntuación más alta tienen más probabilidades castigar a los involucrados en actos ilícitos.
De acuerdo con el índice, el ránking es el siguiente:
- Uruguay (7,42 sobre 10)
- Costa Rica (7.11)
- Chile (6,88)
- Perú (5,66)
- República Dominicana (5.19)
- Argentina (5.04)
- Panamá (4.96)
- Colombia (4,87)
- Ecuador (4.82)
- Brasil (4,76)
- Paraguay (4,45)
- México (4.05)
- Guatemala (3.38)
- Bolivia (2,57)
- Venezuela (1,63)
El Índice CCC analiza 14 variables clave, incluida la independencia de las instituciones judiciales, la solidez del periodismo de investigación y el nivel de recursos disponibles para combatir los delitos de cuello blanco. Estas variables se dividen en tres categorías: capacidad jurídica, democracia e instituciones políticas, y sociedad civil y medios de comunicación. Los puntajes generales de los países son un agregado ponderado de estas tres categorías.
Asimismo, se basa en datos extensos y una encuesta patentada realizada entre expertos en anticorrupción de Control Risks, la academia, la sociedad civil, medios de comunicación y el sector privado.
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