Lunes 20 de mayo del 2024

Para promover la inclusión laboral y la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral peruano, las empresas están obligadas por ley a cumplir con una cuota mínima de contratación de personas con discapacidad. La medida tiene como finalidad romper estigmas y crear un entorno laboral más equitativo.

Según la legislación peruana, toda empresa con más de 50 empleados está obligada a destinar al menos 3% de su plantilla laboral a personas con discapacidad. La cuota no solo es una obligación legal, sino que también se presenta como una oportunidad para ampliar la base de talento y promover la inclusión social.

Las empresas deben incluir a personas con discapacidad en sus procesos de selección. «La normativa no obliga a las empresas a contratar trabajadores con discapacidad de manera forzada, sino a promover activamente la inclusión y dar oportunidades equitativas a todos los candidatos, independientemente de su condición», comentó Jaime Zegarra, abogado laboralista y consultor de Dentons Perú.

La inclusión laboral de personas con discapacidad es una estrategia empresarial inteligente. Estudios han demostrado que la diversidad en el lugar de trabajo aumenta la creatividad, la innovación y la productividad de los equipos. Las personas con discapacidad aportan perspectivas únicas y habilidades diversas que pueden enriquecer el entorno laboral y mejorar el rendimiento empresarial.

El cumplimiento de la norma también incluye otros beneficios. «Además, las empresas que cumplen con la cuota de contratación de personas con discapacidad pueden acceder a una serie de beneficios, incluyendo ventajas tributarias y acceso preferencial a créditos y financiamiento especializado. Estos incentivos no solo benefician a las personas con discapacidad, sino que también contribuyen al crecimiento y desarrollo de las empresas. Las ventajas tributarias pueden incluir deducciones fiscales y otros beneficios financieros que alivian la carga económica de la empresa», resaltó el ejecutivo.

Para cumplir con esta cuota, las empresas deben adoptar políticas inclusivas y procesos de selección justos que evalúen a todos los candidatos de manera equitativa, sin discriminar por su condición de discapacidad. Esto implica la revisión y adaptación de las prácticas de reclutamiento y selección para asegurar que no existan barreras que impidan la participación de personas con discapacidad.

La fiscalización está encargada por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), quienes pueden sancionar a las empresas que no cumplan con la normativa. «La fiscalización es crucial para garantizar que las empresas realmente se comprometan con la inclusión y no solo lo vean como un requisito legal», añadió Zegarra.

Para facilitar la contratación de personas con discapacidad, el MTPE ofrece una bolsa de trabajo específica que ayuda a conectar a empleadores con candidatos que cumplen con los requisitos. Esta bolsa de trabajo es una herramienta valiosa para las empresas que buscan cumplir con la cuota de inclusión y para las personas con discapacidad que buscan empleo.

El cumplimiento de esta normativa también tiene un impacto positivo en la imagen y reputación de las empresas. Las compañías que adoptan prácticas inclusivas y demuestran su compromiso con la responsabilidad social corporativa son vistas de manera más favorable por consumidores, inversores y la comunidad en general. La inclusión laboral se convierte así en una ventaja competitiva en el mercado.