Miércoles 11 de marzo del 2026

La designación del Oficial de Datos Personales (ODP) es un requisito obligatorio para entidades públicas y empresas cuyo giro de negocio trate datos sensibles, grandes volúmenes de datos o afecten un gran número de personas. El incumplimiento de este requisito puede generar multas de hasta 5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) equivalente a 27,500 soles.

Sin embargo, en ese mismo contexto, hay empresas que optan por designar voluntariamente a un Oficial de Datos Personales (ODP), aun cuando la normativa no les exige contar con esta figura. Lejos de ser un cumplimiento formal, esta decisión se está consolidando como una buena práctica empresarial.

“Las ventajas de designar a un ODP de manera voluntaria van desde mitigar posibles brechas de seguridad, optimizar las políticas y procesos internos de la empresa, reduciendo las probabilidades y evitar situaciones negativas en el negocio”, indica Bruno Mejía, Líder de Competencia y Mercados de EY Law.

De esta manera, cuando una organización decide adoptar la normativa como parte de sus buenas prácticas comerciales, indirectamente está contribuyendo a desarrollar una cultura preventiva dentro de la empresa, mejorando procedimientos, fortaleciendo la gestión de riesgos y reduciendo la probabilidad de incidentes de seguridad.

“Implementar la normativa de protección de datos personales, dentro de las organizaciones, no debe entenderse únicamente como el cumplimiento formal de una obligación para evitar multas a imponerse por la autoridad competente”, explica Bruno Mejía.

Para ello, es importante tener en cuenta el perfil de quienes son designados para este cargo. Entre las características más destacadas, resaltan:

• Tener experiencia previa en funciones vinculadas a la protección de datos.
• Contar con formación especializada, como estudios de posgrado o certificaciones técnicas.
• Gozar de independencia para ejercer sus funciones sin represalias.
• Cumplir con criterios de idoneidad ética, es decir, no tener sanciones vigentes ni antecedentes por delitos dolosos o informáticos.

En esa línea, la designación voluntaria de un ODP por parte de empresas que no están legalmente obligadas proyecta un compromiso real con el adecuado tratamiento de los datos personales, acorde a las exigencias normativas del mercado.