20 de Mayo del 2022

El desarrollo de la infraestructura para las telecomunicaciones es clave para ampliar la cobertura y que más familias están conectadas. La pandemia expuso las brechas del sector telecomunicaciones; y es importante eliminar las barreras burocráticas para mejorar la situación. El Perú presenta ciertos rezagos frente a sus pares de la región. AmCham Perú conversó con Lucas Gallitto, director para América Latina de GSMA; organización global que une al ecosistema móvil para descubrir, desarrollar y ofrecer innovación esencial para entornos comerciales positivos y cambios sociales. A continuación la entrevista: 

¿Cuáles son las principales barreras que identificas en el sector de las telecomunicaciones a nivel regional? ¿Cuáles son propias del Perú?

La industria de las telecomunicaciones es una industria de capital intensivo, es decir, que requiere de inversiones sostenidas para garantizar sus niveles de calidad de servicio y actualización tecnológica. En general, las políticas y regulaciones que van en contra de la certidumbre jurídica y la previsibilidad a largo plazo -condiciones necesarias para incentivar las inversiones- actúan como barreras.

En América Latina, los marcos institucionales cambian con frecuencia; muchas veces en respuesta a coyunturas políticas. Los vaivenes no ayudan a promover planes de largo plazo. La industria necesita marcos regulatorios a prueba del futuro. Esto también implica que los marcos estén preparados para fomentar la innovación y el surgimiento de nuevos productos y servicios. La tecnología avanza muy rápido y las regulaciones de legado u obsoletas ralentizan el desarrollo del sector, y por ende de la economía digital.

La política fiscal también es una barrera en la región. En muchos mercados, el sector móvil enfrenta altísimas cargas tributarias. Los impuestos específicos reducen la asequibilidad de servicios y dispositivos, y desincentivan el consumo y la inversión. Los operadores se ven obligados a destinar a impuestos capital que podrían volcar a la expansión y mejora de los servicios.

Algo similar sucede con el espectro; pilar de las telecomunicaciones. Para brindar servicios móviles de calidad, los operadores necesitan acceder al espectro adecuado, en el momento oportuno y a precios y condiciones razonables. Sin embargo, al fijar precios de espectro, muchos gobiernos de la región tienen como prioridad la recaudación del Estado sobre el bienestar socioeconómico de la nación. Los precios finales pagados por espectro en los países en desarrollo son en promedio 3 veces mayores que en los países desarrollados. Existe evidencia sólida de la correlación directa entre precios altos de espectro con resultados negativos para el consumidor, tales como una cobertura más deficiente, despliegue de redes más lento y servicios de menor calidad.

Finalmente, existen barreras específicas al despliegue de infraestructura. Para desplegar redes móviles, los operadores necesitan instalar antenas y sitios móviles a lo largo del territorio. Sin embargo, en gran parte de la región, la necesidad de obtener permisos y otros trámites burocráticos a nivel municipal obstaculizan esta instalación.

Las barreras enumeradas están presentes en la mayoría de los mercados de la región y Perú no es la excepción.

¿Cómo se compara la regulación en el mercado peruano frente a otros países?

La regulación del Perú tiene algunos desafíos propios. En el último tiempo, hemos visto una serie de iniciativas de alto impacto sobre el mercado de las telecomunicaciones que surgieron y se cursaron en el Congreso; sin involucrar a la industria ni la propia autoridad regulatoria nacional. Éste es el caso de la ley de velocidad mínima de internet que exige a los operadores garantizar una velocidad mínima de internet del 70% de lo contratado a todos los abonados a partir de diciembre de 2022. Esta medida, de origen parlamentario, es técnicamente inviable ya que no contempla los factores externos que inciden en la prestación del servicio como la lluvia, el suministro eléctrico o las condiciones geográficas. Tampoco tiene en consideración las grandes diferencias entre zonas rurales o urbanas. Por eso, la ley corre el riesgo de acotar los servicios a áreas determinadas, profundizando las desigualdades e impidiendo conectar a los peruanos que aún no acceden a internet.

Mientras las buenas prácticas internacionales van en dirección hacia la llamada ‘desregulación inteligente’, en Perú han aparecido algunos proyectos y medidas que tienden a aumentar las cargas regulatorias del sector. Además de la ley de velocidad mínima de internet, podemos mencionar la propuesta de registrar las tarjetas SIM como medida contra el robo y adulteración de terminales. Esta medida no eliminaría los robos, dado que el mayor incentivo para los delincuentes está en el valor de los componentes de los dispositivos (pantalla, batería, etc.). Por el contrario, sí complicaría a los usuarios migrar fácilmente su línea de un equipo a otro. Colombia, el país pionero en crear un registro de titularidad de terminales, se encuentra realizando un proceso de simplificación regulatoria que da de baja esos requisitos por no justificar la complejidad y costos implicados.

Desde su experiencia, ¿qué medidas o iniciativas han resultado clave para empezar a destrabar el sector o facilitar el desarrollo de proyectos?

Una de las claves para facilitar el desarrollo del sector es el diálogo entre las autoridades y la industria. Las medidas que toman por sorpresa al sector no sólo afectan la previsibilidad y la certidumbre. Al no contar con el know-how interno, corren el riesgo de ser técnicamente inviables, difíciles de implementar o generar efectos perjudiciales. Un gran ejemplo de colaboración es la reciente subasta 5G de Brasil. Gracias a años de trabajo entre el sector público y privado, se logró un equilibrio entre los objetivos gubernamentales, las necesidades de los operadores y el bienestar de los consumidores. Esta subasta sentó una base sólida para el éxito del 5G en el país.

La subasta de Brasil también es ejemplo de una buena política de espectro. Fue una subasta no recaudatoria, diseñada para impulsar un período de intensas inversiones y competencia en los servicios 5G. Se priorizaron los compromisos de cobertura por encima de la recaudación fiscal.

Otro buen caso en políticas de espectro es la reciente reducción de costos en Panamá. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) ajustó la metodología de valorización del espectro, reduciendo en más de un 60% el costo de este recurso en la banda AWS. Esta decisión apunta a maximizar los beneficios de la conectividad para todos los ciudadanos.

Finalmente, Ecuador introdujo recientemente una reforma fiscal que vale la pena mencionar. Eliminó el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) a los planes de telefonía móvil, reduciendo la barrera de la asequibilidad para los usuarios. Eliminó también el pago por concentración de mercado, aumentando así la capacidad de inversión de los operadores para mejorar los servicios y la infraestructura móvil. Y redujo los pagos por espectro y la contribución al Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (FODETEL), permitiendo canjear hasta el 50% de cada uno de estos por proyectos de conectividad. Con estas medidas, los operadores pueden destinar capital de inversión en forma directa a la expansión y mejora de las redes móviles.

Lucas Gallitto, Director para América Latina de GSMA

La infraestructura juega un rol clave para expandir la conectividad, ¿qué tipo de políticas públicas son las que deben de impulsarse? 

La infraestructura es, junto con el espectro, la columna vertebral de la conectividad. Para contribuir con la expansión de los servicios a todos los ciudadanos, las políticas públicas deberían apuntar a facilitar la inversión en redes móviles y agilizar el despliegue de infraestructura en todo el territorio.

La medida principal es reducir al máximo las barreras administrativas. En la mayoría de los países latinoamericanos, los gobiernos locales o municipios gestionan permisos de instalación de antenas y derechos de vía. La falta de procedimientos a escala nacional genera demoras, al obligar a los operadores a someterse a los criterios, condiciones y plazos de diversas municipalidades. La infraestructura digital es un activo estratégico nacional y, como tal, las condiciones regulatorias para su despliegue deberían ser pensadas bajo una concepción nacional.

¿Cuál es rol efectivo que cada agente debe de cumplir? ¿Qué se está haciendo actualmente?

Cuando hablamos de despliegue de infraestructura, es indispensable la colaboración entre el sector privado y el sector público, en todos sus poderes y niveles de gobierno. Los operadores móviles son los que movilizan inversiones para el despliegue. En tanto activo estratégico de las naciones, compete a las autoridades sectoriales nacionales impulsar planes de infraestructura digital a nivel federal. Otros entes públicos y ministerios también deberían involucrarse, a fines de crear un modelo de despliegue que contemple la densidad de redes requerida por diversos sectores. Por ejemplo, la conectividad es fundamental para el funcionamiento de parques industriales, carreteras más seguras u hospitales equipados para la telemedicina.

Como dijimos antes, es importante que los gobiernos locales faciliten los permisos a nivel territorial. Hoy la conectividad es central y, sin embargo, no es habitual ver alcaldes inaugurando infraestructura digital, como sí sucede con obras sanitarias o de vialidad, por ejemplo. En el Perú hubo recientemente una buena noticia con la aprobación de la Ley 3145, que simplifica los trámites vinculados al despliegue de redes e incorpora la noción de aprobación automática de los organismos de no haber respuesta en los plazos establecidos.

¿Cuál es su perspectiva sobre el desarrollo de las telecomunicaciones en la región luego de la pandemia? 

La pandemia evidenció la importancia de la conectividad. La digitalización atravesó de golpe cada ámbito de la vida, y quedó claro que, para ser competitivos en el escenario global actual, los países tienen que proteger, expandir y fortalecer su capital digital. Las redes móviles fueron resilientes gracias a años de inversiones de los operadores, pero la demanda de conectividad de los usuarios, las empresas y los propios gobiernos seguirá aumentando exponencialmente.

Hoy vemos que a nivel político se destaca ese rol esencial de la conectividad, pero las palabras no siempre se reflejan en las decisiones y medidas de gobierno. La oportunidad para una América Latina digital y conectada es hoy, y necesitamos políticas alineadas con ese objetivo.

Es difícil establecer un orden de urgencias, porque la región es heterogénea y cada país tiene sus características y necesidades. Un tema transversal a la región es el precio del espectro. Hoy, más que nunca, el espectro tiene que ser concebido como un instrumento de inclusión digital, dejando de lado la vocación recaudatoria. Ya hablamos también de la necesidad de impulsar políticas fiscales pro-conectividad, procesos de desregulación inteligente y planes de despliegue de infraestructura.

Una última asignatura pendiente a destacar es la de abordar los desafíos de conectividad más allá de la cobertura. Cerca del 96% de la población de América Latina tiene cobertura de red de banda ancha móvil; sin embargo, 275 millones de personas continúan desconectadas. Alrededor del 40% de la población que sí tiene cobertura, pero aún no utiliza internet móvil, se enfrenta a obstáculos del lado de la demanda, como la falta de habilidades digitales, la percepción de ausencia de contenido local relevante y la asequibilidad. Reducir la brecha de uso es clave para lograr la inclusión digital de todos los latinoamericanos.