(En síntesis): Los grandes planes de reactivación económica, alabados en su momento, sirven de poco si no hay un accionar coordinado entre agentes económicos.
Artículo realizado el 16/06/2020 y actualizado el 29 de julio del 2020.
“Un plan sin precedentes para una crisis sin precedentes. El gobierno de Perú alista el mayor plan económico de América Latina hasta el momento para mitigar el impacto de la crisis del coronavirus”. Dichas fueron las primeras palabras de un artículo de la BBC, donde se resaltaba el ambicioso plan económico –equivalente al 12% del PBI o US$25,000 millones en ese momento; hoy equivale al 17%– que el Perú empezó a desplegar para evitar romper la cadena de pagos, que la gente más vulnerable pueda tener acceso a bonos, invertir en salud pública y en controlar la pandemia. Dicho plan fue comparado con la respuesta de países de primer mundo, como Nueva Zelanda, y había un mensaje de fondo muy importante: la importancia de haber ahorrado (30% del PBI al 2019) y de mantener bajos niveles de deuda (27% del PBI al 2019) para actuar de manera rápida ante situaciones excepcionales.
Hoy somos el segundo país con más casos en la región, sétimo a nivel global y sétimo también en número de casos activos. Si bien, de acuerdo con información oficial, estamos en plena meseta, la evolución del total de casos ha vuelto a subir en la última semana, el sistema sanitario está colapsado, las transferencias prometidas se han ejecutado a medias – sólo se ha entregado con éxito una tercera parte del total de bonos prometidos a poblaciones vulnerables a la fecha, de acuerdo con Luis Miguel Castilla, exministro de economía, en la última charla organizada por el Consorcio de Investigación y Económica y Social el pasado miércoles–, hay varias empresas al borde del colapso por los casi tres meses de cese de actividades, y el Congreso propone una cantidad de medidas que empeorarán la situación.
La extensión de la cuarentena prolongará, de nuevo, el proceso de recuperación de la crisis desde varios frentes; sobre todo el económico. Se escribió en su momento de lo importante que es –y lo sigue siendo– que la ciudadanía actúe de manera responsable y que, eventualmente, el Estado nos pasará la ‘posta’ del manejo de la pandemia. En más de un mensaje dedicado a la nación se ha escuchado la frase “depende de ustedes”. Ello es correcto, como ciudadanos hay que ponerse en los zapatos del otro. Esto se vuelve realmente difícil cuando muchos no son conscientes de las innumerables realidades que hay solo en la capital. Pero lo cierto es que la responsabilidad se trasladó al ciudadano.
Sin embargo, hay también que tomar en cuenta la otra cara de la moneda. Sí; depende de nosotros, pero también depende de nuestras instituciones, de la calidad de las autoridades, de la buena coordinación entre los agentes económicos y de un mayor diálogo. Muy poco sirve diseñar un plan de reactivación económica si las transferencias no llegan, si los fondos son mal utilizados, si hay capital físico sin utilizar, si el Estado no previó a tiempo la compra de respiradores, la falta de oxígeno, si no se usa la tecnología disponible, si no se previó que las colas en los bancos, mercados y transporte público eran fuente de contaminación, entre otros factores. Enhorabuena que contábamos con una estabilidad macroeconómica y un alto nivel de reservas; pero si no contamos con infraestructura, servicios públicos de calidad e instituciones transparentes que funcionen, el efecto esperado de la reactivación es limitado (tal como ha sido demostrado). Las últimas proyecciones arrojaban una contracción entre 15% y 20% para el 2020; las más alarmantes para toda la región.
Los países de América Latina que les va mejor son Uruguay y Costa Rica. Ambos ya superaron el pico de casos, el número de casos activos ha venido bajando en las últimas semanas y los sistemas de salud no colapsaron. El índice de cobertura en salud, de acuerdo con la OMS, de ambos son de los más altos en la región, son los que más han invertido en salud, no menos importante, los servicios son de acceso público. Ello se ha logrado gracias a instituciones que funcionan y transparencia económica. Si bien los niveles de endeudamiento de ambos países son altos –deuda pública por encima del 60% PBI–, qué es más caro para la sociedad (y para el Estado): tener deuda elevada, pero con todo lo necesario para enfrentar la crisis; o tener dinero, pero sin infraestructura y servicios básicos esenciales (mientras los actuales ya colapsaron y se trabaja con lo que se puede).
La lección es clara: ahora tendremos que invertir con mayor fuerza en todo lo que no se invirtió en años, mientras que se siguen destinando recursos para que no se rompa la cadena. Ello definitivamente es mucho más caro. Ojalá se den cuenta de que el gobierno debe atender prioridades y dejar que el sector privado pueda trabajar en lo que sabe mejor hacer.
No podemos esperar a que ocurran catástrofes –cuando todo va bien, nada de esto se encuentra en el ojo de la tormenta, porque la economía ‘sigue avanzando’– para darnos cuenta de que se requieren instituciones públicas sólidas, simplificadas y transparentes. Esto es producto de un sinfín de gobiernos que no han podido atacar el problema, pero al parecer el problema es más grande de lo que parece.
“La recuperación va a ser larga. Esperaría que en tres o cuatro años alcancemos los niveles del 2019”, dijo Waldo Mendoza, ex viceministro de economía en la presentación del CIES. Tenemos tiempo para repensar las cosas, hacer ajustes en la manera como los gobiernos actúan, extender la cobertura de servicios públicos (de calidad) y darnos cuenta de que el desarrollo de un país está en la calidad de vida de la gente. Pero para mejorarla, se requiere solidez institucional, además de la macroeconómica, y crecimiento más acelerado para cerrar las brechas.
