Camila Ghezzi, jefa de políticas económicas en Apoyo Consultoría, explica el impacto de la normativa que restringe la tercerización laboral sobre distintas variables como el empleo o la productividad.

¿Cuál es el impacto económico de la ley que restringe la tercerización laboral?

El Decreto Supremo tendrá un impacto negativo en el empleo formal y la productividad de las empresas. La tercerización es un mecanismo de contratación usado en todo el mundo y permite mejorar la productividad y competitividad de las compañías. Diversos estudios internacionales demuestran que la tercerización cumple un rol fundamental en la dinámica empresarial, pues permite incrementar la productividad y la eficiencia de los procesos.

En línea con ello, ¿cómo podría afectar la productividad?

En el sondeo empresarial que realizamos, el 75% de las empresas señaló que la normativa tendrá un impacto negativo, principalmente a través de una pérdida de eficiencia en sus proceso productivos o a través del incremento de costos.

¿Y en el ámbito laboral?

Las empresas han afirmado que uno de los principales impactos de la norma es que genera mayores costos laborales, lo que definitivamente desincentiva las decisiones de contratación. De hecho, más de la mitad de las empresas con trabajadores tercerizados en conflicto no contratará a ninguno de ellos en su planilla. Con los resultados del sondeo, estimamos que al menos 100,000 puestos de trabajo formales estarían en riesgo de manera directa.

¿Qué sectores serían los más afectados?

Las empresas de sectores extractivos como minería e hidrocarburos, así como las empresas del rubro inmobiliario y construcción serían las más afectadas. Ello se debe a que estos sectores tienen una mayor proporción de trabajadores tercerizados que entran en conflicto con la norma.

¿El impacto en el empleo puede ser mayor que sus estimaciones?

La mayoría de empresas [2 de cada 3] se verán obligadas a hacer modificaciones organizacionales por las restricciones de la norma. Esto implicará pérdidas de eficiencia y mayores costos laborales. En un contexto de desaceleración económica y elevados costos de insumos, algunas empresas podrían no ser capaces de adaptarse y cerrar o pasar a la informalidad. Considerando que las firmas de más de 100 trabajadores explican más del 50% del empleo formal, el impacto total sobre el empleo podría ser mucho mayor a nuestra estimación de por lo menos 100,000 trabajadores afectados de manera directa.

¿Cómo impactan estas medidas al crecimiento de largo plazo?

Limitar el uso de este mecanismo genera a futuro una menor productividad de las empresas, principalmente aquellas que generan mayor empleo formal. Esto se traducirá en menor valor agregado para la economía, menor pago de impuestos, menor repartición de utilidades y menores salarios para sus trabajadores. Todo esto limitará el crecimiento hacia adelante.

Países como México y Ecuador han aplicado normas similares, ¿cómo ha impactado en estos países?

La evidencia regional ya nos ha demostrado que las restricciones a la tercerización tienen impactos negativos sobre los trabajadores tercerizados, con tasas de despido bastante altas. En Ecuador se prohibió la tercerización en el 2008. El resultado fue que el 80% de los trabajadores no tercerizados no recibió contratos directos, lo que a su vez tuvo un impacto directo sobre los niveles de desempleo e informalidad.

En México aplicaron restricciones similares a las del Perú [es decir, se restringió la tercerización para las actividades principales de las empresas] y el resultado fue que casi la mitad de esos trabajadores no fueron incorporados en la planilla.

¿Qué acciones recomendarían realizar para proteger a los trabajadores tercerizados en lugar de la norma?

La solución para corregir los probables problemas de abuso de la figura de la tercerización laboral no es eliminar o restringir la tercerización; sino más bien flexibilizar la regulación laboral, así como mejorar la fiscalización y dar medidas que permitan una mayor equidad entre trabajadores.

El primer e indispensable paso es derogar el decreto supremo. Como siguiente paso, se debe fortalecer la fiscalización y corregir el problema de fondo: la sobreregulación laboral. Ésta empuja a las empresas a tomar medidas con el objetivo de «escapar» de la elevada rigidez y los sobrecostos laborales, a fin de poder adaptarse a los vaivenes de la economía. Así, la mayor fiscalización debe ir de la mano con medidas que otorguen la flexibilidad en la contratación que las empresas necesitan.

Finalmente, es importante también plantear medidas complementarias, debidamente consensuadas y debatidas en el Consejo Nacional de Trabajo, que mejoren la equidad entre trabajadores. Por ejemplo, que la empresa sea responsable solidaria en el cumplimiento de los beneficios laborales o que los trabajadores tercerizados sean incluidos en el reparto de utilidades.