La nueva normativa que restringe el uso de la tercerización laboral en el Perú tendrá impactos negativos en la economía. El reglamento no solo pone en riesgo la continuidad de miles de puestos de trabajo a nivel nacional sino que también afecta la operabilidad de un sin número de empresas de diversos sectores incluyendo a las públicas. Para evitar las consecuencias de la normativa, es necesario derogar el actual reglamento y regular la tercerización con medidas más efectivas que no tengan repercusiones negativas en la economía.

El ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) publicó el mes pasado un Decreto Supremo mediante el que se incorpora infracciones para empresas que no utilicen de manera adecuada la tercerización laboral. La finalidad del nuevo reglamento es proteger los derechos laborales de los empleados tercerizados, por lo que las empresas que requieran de servicios de terceros deberán incluir a los trabajadores dentro de la planilla y darle los beneficios laborales correspondientes.

La norma sería inconstitucional al infringir diversos principios. Bruno Marchese, socio del estudio Rubio Leguía Normand, explicó en un webinar organizado por AmCham, que la ley infringe con principios constitucionales como la jerarquía normativa, la libertad de contratar y contractual, entre otros.

Más desempleo

Si bien la ley busca proteger la situación actual de los empleados tercerizados, ésta generaría el efecto contrario al esperado ya que hay empresas que dependen de la tercerización para seguir operando y que con la normativa actual, sus costos laborales aumentarían por la obligación de contratarlos. Bajo ese escenario, las empresas preferían terminar la relación laboral, lo que ocasionaría un impacto negativo en el mercado.

La mayoría de empresas en el Perú requieren de servicios de tercerización. Según un estudio de Apoyo Consultoría realizado para AmCham, el 82% de las empresas del país cuenta con trabajadores tercerizados, la cifra aumenta para sectores extractivos como minería o hidrocarburos (Ver gráfico).

De las empresas que tercerizan, la gran mayoría no agregaría a los empleados a planilla. Según el estudio de Apoyo —encuesta realizada a 300 empresas de todo tamaño—, el 80% de los trabajadores tercerizados no serían contratados, lo que tendría repercusiones directas en los niveles de empleo e informalidad en el país. En ese contexto, Camila Ghezzi, jefe de políticas públicas y económicas en Apoyo, explicó que en un escenario conservador, aproximadamente 100,000 empleos estarían en riesgo de perderse.

A nivel internacional existen ejemplos de las consecuencias de una norma como la actual. Por ejemplo, Ecuador prohibió la tercerización en el 2008, lo que llevó a que el 80% de los trabajadores tercerizados no reciban contratos directos. Mexico, por su parte, restringió la tercerización a la actividad principal del negocio el año pasado. La medida originó que el 46% de los empleados tercerizados no sean incorporados en la planilla.

Impacto empresarial

La ley actual no solo afectaría a los trabajadores sino también a las empresas que brindan estos servicios. Según André Cossio, asociado del Rubio Leguía Normand, la actual ley es confusa en declarar qué es lo que se puede o no tercerizar, por lo que la normativa podría incluir actividades como el servicio de comedor o limpieza. Hoy existen diversas empresas que brindan estos servicios y estarían en riesgo de desaparecer si es que la norma sigue vigente.

La ley no solo afecta al sector privado. Hay diversas empresas publicas que utilizan y necesitan de servicios de terceros para seguir siendo rentables. Por ejemplo,  Sedapal trabaja con aproximadamente 7,400 trabajadores tercerizados, el hecho de incluirlos a todos en planilla implicaría un costo de adicional anual de S/524 millones, explicó Luis Miguel Castilla, director de Videnza Instituto en una presentación a la Comisión de Economía del Congreso de la República. Con una utilidad neta de S/357 millones en el 2021, el costo de incluir a los nuevos trabajadores en planilla haría que la empresa tenga pérdidas anuales según el ejecutivo. El impacto también se daría en empresas públicas de otros rubros como energía o saneamiento.

Los peores resultados de las empresas públicas tienen una repercusión inmediata en la sociedad. Por ejemplo, si el gasto de personal de las empresas eléctricas incrementa, la tarifa podría elevarse entre 4% y 7% según Osinergmin. Lo mismo podría suceder para la tarifa de agua y alcantarillado que podría incrementarse hasta en 28% según un cálculo del Ministerio de Economía y Finanzas.

Otras medidas

Si bien es necesario que la normativa actual sea derogada para evitar los impactos negativos, hay otras medidas que se pueden realizar para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores tercerizados.  «En lugar de sacar una regulación prohibitiva, se hubiera podido fortalecer la fiscalización. Ya hay una norma que defiende los derechos de los trabajadores por lo que sin la normativa nueva se hubiera podido llegar al mismo resultado», explica Luis Vinatea, socio del estudio Vinatea & Toyama. El fortalecer el registro de terceros es otra de las medidas que propone el ejecutivo.

Apoyo Consultoría, por su parte, recomienda la participación de los trabajadores tercerizados en las utilidades de la empresa ya que también aportan al resultado. La consultora también proponer una mayor y mejor fiscalización por parte de las autoridades y una responsabilidad solidaria en un marco de diálogo social.