Respeto a los contratos y regulación eficiente para el desarrollo

Fecha: 5 de julio de 2019

La estabilidad macroeconómica y la apertura comercial han sido condiciones fundamentales para lograr el crecimiento del país. Aunque por debajo de lo que se podría crecer, han permitido reducir la pobreza de 58.7% a 20.5% entre el 2004 y el 2018, y la pobreza extrema de 16.4% a 2.8%, en el mismo periodo, aumentar el número de habitantes que pertenecen a una clase media y aspira a una vida más digna y, por supuesto, incrementar producción, empleo, exportaciones y niveles de ingreso. Con todos los defectos que podamos encontrar, el nivel de servicios ha mejorado sustancialmente. Basta con recordar los padecimientos para conseguir teléfono, energía eléctrica, y aún bienes y servicios que son básicos en cualquier parte del mundo medianamente desarrollado.

Sin embargo, pese a que el Perú podría estar creciendo a tasas entre 5 y 6 %, como se había pronosticado, hace ya algunos años que la actividad económica viene disminuyendo, la burocracia ha incrementado significativamente la cantidad de trámites, la discrecionalidad de los inspectores y de las múltiples agencias gubernamentales, nacionales, regionales y locales, paralizan el funcionamiento de las empresas y el accionar de las personas; la inseguridad campea y la predictibilidad es cada vez más difícil de conseguir. Como consecuencia, hay proyectos mineros paralizados, la nueva inversión en exploración y explotación de gas y petróleo no existe y operar para las empresas es cada vez más difícil.

Algunas autoridades no notan -y si lo hacen, poco han hecho por mejorar esas condiciones-, que el 10% de la población peruana aún no tiene servicios de agua potable, el 25% los recibe con una continuidad deficiente o muy deficiente, el suministro eléctrico a nivel de distribución se interrumpe ocho veces al año en promedio y el 5% del ámbito rural no está electrificado. Asimismo, la principal carretera del Perú que abastece de alimentos y minerales a Lima y al puerto prácticamente no existe, el 21% de la red vial nacional no está pavimentado, tres de cada diez hogares aún no tienen acceso a Internet, cinco de las veintiséis regiones del país tienen una penetración de cuentas de depósito inferior al 15%, los servicios de salud y educación son lamentables; y la seguridad preocupante.

No cabe duda de que la única solución para cubrir las brechas es la inversión, pero si no se promueve, no se va a concretar. Los presidentes Duque de Colombia y Piñera de Chile están en una campaña notable para atraer inversión extranjera. Los países que aniquilaron la iniciativa privada, o donde convirtieron al empresariado -grande y pequeño- en una mula de carga y lo agobiaron, fueron reduciendo la inversión y su producción, generando un empobrecimiento de la población, situación muy difícil de recuperar. Mientras que aquellos que incentivaron el desarrollo del sector empresarial y la formalización y crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, son los que han progresado.

Pensemos en el papel del Estado en la defensa de los ciudadanos, que son los usuarios de servicios. Se requiere más servicios, pero con tarifas viables para los operadores, y una ciudadanía informada que comprenda la necesidad de tener un nivel de atención que el Estado no puede brindar, y que estos tienen que ser financiados con la rentabilidad que generan a quienes los operan. De lo contrario, no habrá inversión en ellos y el Estado no lo hará, como no lo ha hecho.

Una buena regulación, debe distar de un enfoque cortoplacista basado únicamente en el aparente beneficio de menores costos para el consumidor. El mayor costo que la sociedad podría asumir es el de la ausencia de servicio, como la infraestructura actual. Con una regulación que proteja al consumidor, pero que impulse la generación de mayores niveles de inversión, con nuevas y mejores tecnologías, promoviéndose la competitividad, y evitándose los cierres o estancamientos de mercados, los consumidores serán los beneficiados y el estado obtendrá los ingresos por el crecimiento de la actividad económica. Eso sí, debe quedar claro que no puede dejarse de lado que el respeto a los usuarios es fundamental, ya que el cumplimiento de lo ofrecido es la única manera de mostrar los beneficios de la inversión a los consumidores.

El perjuicio ocasionado por la corrupción de algunas empresas y algunos funcionarios, no solo ha paralizado las obras, generando un deterioro en la calidad de vida de los usuarios por no contar con buenos servicios (o con los servicios, simplemente), pérdida de recursos del Estado (o del contribuyente), paralización de contratistas, despido de trabajadores, problemas a los financistas de las obras (bancos, bonistas, fondos de pensiones, etc.); sino también, un descrédito de los modelos de inversión. Pero la falla no está en la inversión, sino, en cómo se usó para beneficiarse indebidamente. Si se evita dar malas señales al mercado, se hará bastante por facilitar el cierre de las brechas que hoy hacen sentir a los ciudadanos que son habitantes de un país que no se preocupa por ellos.