4 de Marzo del 2021

* Del estudio se desprenden algunas recomendaciones de políticas públicas para avanzar en el desarrollo de un Perú Digital, un gobierno más transparente y centrado en el ciudadano.

La Cámara de Comercio Americana del Perú – AmCham Perú, con el apoyo de Amazon Web Services Institute, presenta el estudio “Perú Digital: El camino hacia la modernización”, donde se exponen las principales fortalezas y oportunidades del Perú en materia de transformación digital a raíz de la pandemia del COVID-19 (Visualiza aquí las principales recomendaciones de políticas publicas del estudio). Dicho estudio busca apoyar a los tomadores de decisiones en el Poder Ejecutivo y Legislativo del período 2021-2026 a identificar las falencias y oportunidades de mejora en esta materia.

El estudio “Perú Digital: El camino hacia la modernización” estuvo a cargo de Andrés Calderón, investigador del CIUP y profesor del Departamento Académico de Derecho de la Universidad del Pacífico. La investigación –realizada a finales del 2020- incluyó varias entrevistas con funcionarios y ejecutivos. “No estábamos preparados institucional ni operativamente para aprovechar las potencialidades de la digitalización cuando más lo necesitamos. Pero, hoy, los funcionarios públicos son mucho más conscientes que antes de lo indispensable que es la transformación digital para el desarrollo de sus funciones y para el bienestar de la ciudadanía”, mencionó el autor del estudio.

Conclusiones del Estudio

Si bien la pandemia del COVID-19 ha golpeado sanitaria y económicamente a muchos países, el Perú ha sido una de las naciones más afectadas, lo que se explica por su vulnerable economía informal y por las brechas para la provisión digital de servicios esenciales como educación, salud, y servicios financieros.

Frente a esto, el Perú necesita avanzar en la transformación digital del Estado para mejorar indicadores importantes a nivel país, como crecimiento económico, eficiencia en el gasto fiscal, aumento de la productividad de ciudadanos y empresas, mejorar en la capacidad de los funcionarios e incrementar los niveles de confianza en las instituciones públicas.

Varios países han emprendido desde hace algunos años procesos de transformación digital, verificándose una correlación positiva entre crecimiento económico, mayor gobierno electrónico y mayor desarrollo. En el Perú, la transformación digital es una necesidad impostergable, que podría ayudar no solo al crecimiento económico, sino a generar considerables ahorros para el Estado y los ciudadanos, así como a mejorar sus niveles de transparencia, confianza y participación pública.

En los últimos años, el Perú también ha desarrollado importantes esfuerzos en diversos ámbitos de transformación digital. Sin embargo, aún tiene un desempeño modesto en los principales rankings e índices en la materia (71/193 en el E-Government Development Index, 55/193 en el E-Participation Index, 55/63 en el IMD World Digital Competitiveness Index, 10/16 en el Gov Tech Index Report).

El Estado Peruano ha venido adaptándose de manera incipiente a la prestación de servicios digitales hacia la ciudadanía y al desarrollo de actividades y procesos internos en base al uso de herramientas digitales. La puesta en práctica de algunos servicios digitales se ha acelerado a raíz de la emergencia sanitaria, mostrándose avances en la implementación de mesas de partes virtuales, canales de atención en línea, desarrollo de audiencias virtuales, e implementación de nuevos trámites enteramente online, así como servicios de información digital. Sin embargo, a diferencia de la experiencia comparada, son prácticamente nulos o pocos conocidos los ejemplos de uso masivo de herramientas de data analytics y procesamiento de big data, de aprovechamiento de soluciones de almacenamiento y servicios en la nube, y el uso de herramientas de machine learning e inteligencia artificial.

Uno de los obstáculos para la implementación de más soluciones digitales en el Estado Peruano se origina en el marco legal de las contrataciones estatales. Hace falta aprovechar mecanismos de contratación transparentes y más ágiles como los catálogos electrónicos de acuerdo marco que, en otros países como Colombia y Reino Unido, han sido utilizados exitosamente para la contratación de herramientas digitales en general, y servicios basados en la nube, en particular. Especialmente, la contratación a través de catálogos electrónicos abiertos o digital marketplaces permitiría que las entidades públicas puedan contratar con mayor flexibilidad, escala y eficiencia los servicios que requiere, bajo un formato que priorice las soluciones antes que las especificaciones técnicas de cada herramienta, y que permite el pago únicamente por lo consumido.

La otra principal limitante para la transformación digital del Estado Peruano se encuentra en la propia función pública. Aunque el marco regulatorio de la gobernanza digital ha ido mejorando en los últimos días, gracias a la presentación del Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, y establece disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de las tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento administrativo realizada por la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros (SEGDI), quien ha desempeñado un rol preponderante, aún se enfrenta a ciertas dificultades, tales como:

1. La ausencia de autonomía funcional y económica para la toma de decisiones.
2. La poca capacidad de vinculatoriedad y compulsión en sus decisiones.
3.  La falta de asignación presupuestaria en todos los niveles de gobierno para la contratación de soluciones digitales y para el desarrollo de capacidades digitales en los funcionarios públicos.
4. La falta de continuidad en algunas agendas nacionales (por ejemplo, las agendas digitales) y políticas (como las de gobierno digital y modernización de la gestión pública); así como la ausencia de objetivos específicos y medibles en algunos de estos instrumentos.

El proceso de toma de decisiones públicas por parte del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo exhibe poco interés por el uso de datos públicos y la consideración de soluciones digitales desde el diseño. Esto se evidencia con la ausencia de estos aspectos en los marcos regulatorios que se han aprobado en los últimos años para mejorar la calidad regulatoria y para medir el impacto regulatorio.

Finalmente, la transformación digital del Perú no pasa únicamente por las necesarias reformas legales e institucionales expuestas en este documento, sino también por un cambio cultural que debería ser liderado por los altos funcionarios del Estado, motivado por la toma de consciencia de los beneficios que la digitalización puede traer a un país duramente golpeado por una pandemia.

Fuente: AmCham Perú y Amazon Web Services Institute

Recomendaciones de Políticas Públicas             

Del estudio “Perú Digital: El camino hacia la modernización” se pueden desprender las siguientes recomendaciones de políticas públicas para avanzar en el desarrollo de un Perú Digital, un gobierno más transparente y centrando en el ciudadano:

• Ampliar la digitalización de los servicios al ciudadano.
• Dedicar mayores recursos para el despliegue de la infraestructura necesaria para cerrar las brechas de conectividad en Internet.
• Impulsar el diseño de vehículos de compra que simplifiquen la adquisición de tecnología para el Estado, priorizando la adquisición de servicios digitales innovadores y escalables, como lo son los servicios de nube.
• Considerar una política de nube primero.
• Impulsar una política de transformación digital de las instituciones del gobierno peruano con unas metas concretas y medibles, que aprovechen las capacidades que la tecnología permite.
• Reforzar el rol institucional de la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia de Consejo de Ministros.
• Crear capacidades y talento digital en el Estado.
• Establecer criterios claros para la clasificación de los datos.
• Reforzar el uso de datos abiertos para la toma de decisiones.
• Dotar de verdadera autonomía y jerarquía a la Autoridad Nacional de Transparencia.

Para leer el estudio completo, haga click aquí.