Lunes 26 de octubre del 2026

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó una nueva Estrategia de Gestión Financiera del Riesgo de Desastres orientada a fortalecer la capacidad del Estado para disponer de recursos antes, durante y después de eventos adversos. La propuesta busca reducir el impacto de fenómenos como El Niño sobre las cuentas públicas mediante una combinación de presupuesto, créditos contingentes, seguros y una mayor resiliencia de la inversión pública.

La estrategia fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 485-2026-EF/52 y actualiza el marco con el que el Estado administra los riesgos fiscales asociados a desastres. A diferencia de una respuesta concentrada principalmente en movilizar recursos después de una emergencia, el nuevo esquema busca fortalecer la planificación y disponibilidad financiera con anticipación. Su implementación se realizará con cargo a los presupuestos de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Uno de los principales cambios será mejorar la identificación y cuantificación del riesgo fiscal. El MEF plantea estimar con mayor precisión cuánto podrían costarle al Estado distintos escenarios de desastre para definir previamente cuánto financiamiento debe estar disponible y qué mecanismos resultan más eficientes. Esto permitiría reducir la necesidad de reasignaciones presupuestarias de emergencia que pueden afectar otros proyectos o servicios públicos.

Un segundo eje será combinar distintos instrumentos de protección financiera. La estrategia contempla mecanismos de retención del riesgo, como asignaciones presupuestales, el Fondo de Estabilización Fiscal y líneas de crédito contingente, con instrumentos que permiten trasladar parte de las pérdidas a terceros, entre ellos seguros agrícolas, coberturas para infraestructura bajo Asociaciones Público-Privadas y otros productos aseguradores.

Perú ya ha utilizado algunos de estos instrumentos. En 2018, como parte de una operación conjunta de la Alianza del Pacífico con el Banco Mundial, el país obtuvo una cobertura de US$ 200 millones mediante un bono catastrófico contra terremotos. Tras el sismo ocurrido en Loreto en mayo de 2019, el mecanismo se activó y Perú recibió US$ 60 millones, un antecedente de cómo la transferencia de riesgos puede proporcionar liquidez inmediata sin trasladar todo el costo del evento al presupuesto público.

La estrategia también busca incorporar la prevención desde el diseño de la inversión pública. Las nuevas obras deberán considerar con mayor énfasis criterios de reducción del riesgo y adaptación durante las etapas de formulación, diseño, construcción y operación. El objetivo es disminuir las pérdidas asociadas a carreteras, colegios, hospitales y otras infraestructuras públicas cuando ocurran eventos climáticos o naturales de gran magnitud.

En paralelo, el MEF plantea fortalecer el mercado asegurador nacional para ampliar la oferta de productos capaces de cubrir riesgos de desastres. Esto supone mejorar la capacidad de aseguradoras y entidades públicas para identificar y valorar correctamente los riesgos, de modo que hogares, empresas, infraestructura pública y proyectos puedan contar con mecanismos de protección más adecuados.

La actualización llega además en un contexto en el que el Gobierno viene ampliando sus herramientas de respuesta frente al Fenómeno El Niño (FEN). Durante septiembre, el MEF ya modificó las reglas de inversión pública para acelerar intervenciones en zonas declaradas en emergencia mediante inversiones de optimización, rehabilitación y reposición. Más recientemente, el Ejecutivo anunció una política fiscal contracíclica para proteger el empleo y la actividad frente al FEN y otros choques externos.

La nueva estrategia contó con asistencia técnica del Banco Mundial y, según el MEF, está alineada con prácticas promovidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). También recibió opiniones técnicas de Cenepred e Indeci. Más que constituir un paquete adicional de gasto para 2027, el instrumento busca establecer cómo el Estado financiará de manera más predecible los próximos desastres, reduciendo el impacto que estas emergencias pueden generar sobre el déficit, la deuda y la continuidad de la inversión pública.