29 de Setiembre del 2021

Quisiera empezar este artículo proponiéndole a todos mis colegas que se conviertan en agentes de cambio en sus propias instituciones. Ser un agente de cambio implica llevar la modernidad, y mi propuesta es que los abogados también pueden hacerlo.

Hago esta afirmación sin ignorar que nuestra profesión es probablemente la más tradicional de las profesiones, en la que hay una serie de costumbres y códigos no escritos muy arraigados, empezando, por ejemplo, con la necesidad de utilizar un terno y corbata, ya desde nuestra época de estudiantes universitarios para asistir a algunos exámenes orales, según exigencia del profesor, o a nuestras prácticas pre-profesionales. Luego para asistir a las cortes o a nuestras actividades diarias. Circunstancias que efectivamente vienen cambiando poco a poco con el paso del tiempo, pero quizá no con la velocidad que deberían.

Esta realidad puede tener una serie de explicaciones, algunas arraigadas en la tradición, pero otras en una realidad quizá más relevante, y es que la función de un abogado es la de participar en la administración de justicia, es la de evitar que su cliente, sea desde un estudio de abogados, la gerencia legal de una empresa o una función pública, cometa algún acto que pueda ser considerado ilegal. Implica una labor de consejero, muchas veces en temas que implican no solamente el conocimiento de la ley y los mecanismos para su aplicación, sino también otras materias, y mucho sentido común. Implica una gran atención a los detalles, a las formas, como al fondo. Implica generar confianza. Quizá todo esto obliga a mantener y reflejar esta imagen tradicional de seriedad, y a ejercer el derecho en el día a día con la misma formalidad.

Pero, qué sucede si decidimos cambiar esta tradición, esta imagen, sin afectar la calidad y el valor de nuestros servicios como abogados. Qué sucede si inclusive como resultado de este proceso logramos dar un mejor servicio con un mayor valor agregado, en un menor tiempo, incrementando nuestra eficiencia y nuestra eficacia.

En esa línea, entenderán que no quiero simplemente criticar una realidad por el solo hecho de ser crítico, sino más bien reconocerla, porque el primer paso para cambiar algo es reconocer que existe. Pero ¿para qué queremos cambiarla?, ¿para sentirnos más modernos, o más “a la moda”? De ninguna manera, se trata generar una mejor práctica legal, en todos sus aspectos, a través de la implementación de la tecnología.

Esto no es algo absolutamente original o nuevo, ya que muchos colegas actualmente ya comparten y aplican en la práctica esta filosofía, pero creo que es importante detenernos un momento y reflexionar, ¿en qué momento del proceso me encuentro?, y ¿qué tan dispuesto estoy a aumentar la intensidad del uso de la tecnología de manera constante?

Quizá una primera reacción natural será la de decir, “sí, apliquemos tecnología, digitalicemos, pero solamente para ciertas actividades, para los temas del día a día, para meras coordinaciones”. Y es esperable una respuesta de ese tipo, ya que estamos en un periodo de transición. Pero ante esto, es importante tener presente que en la actualidad nuestro sistema legal está perfectamente adaptado para el desarrollo de nuestras actividades legales, aprovechando las ventajas de la tecnología, dotando nuestros procesos de mayor celeridad, sin sacrificar la seguridad (o inclusive aumentándola), y lo más importante, sin afectar su efectividad legal.

Y es así que, sin pretender entrar en un análisis detallado, cabe mencionar, por ejemplo, la inclusión de la manifestación de voluntad por medios electrónicos en nuestro Código Civil, la forma de los actos administrativos regulada en la Ley General del Procedimiento Administrativo, modalidades de notificación, el procedimiento administrativo electrónico, la Ley de Firmas Digitales, la Ley de Proitección de Datos Personales, entre otras. Sobre esa base podemos ir avanzando en el tiempo hasta llegar a las recientes disposiciones sobre transformación digital del Estado, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, entre otras emitidas por la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital.

Este marco nos da la posibilidad de aplicar la tecnología en nuestra actividad legal, y ayudar a nuestros clientes en el mismo proceso, de una manera consciente, adecuada y responsable, a fin de mantener la legalidad de sus actividades, generando niveles mucho más altos de eficiencia, con efectos muy importantes en aspectos como la negociación de contratos de manera remota, la reducción en los gastos de viaje, la simplificación de la actividad probatoria con medios probatoria a la vez más robustos, procedimientos administrativos más céleres, mayor transparencia de nuestras autoridades, reducción en el consumo de papel, entre muchos otros efectos positivos.

¿Qué necesitamos para esto?, primero, cambiar nuestra forma de pensar, cuestionar la forma cómo hemos venido practicando el derecho, aprender, abrir la mente a las nuevas tecnologías con la intención de entenderla. No necesitamos ser especialistas en los aspectos técnicos de la tecnología, sí necesitamos entenderla de forma de hacer las preguntas correctas, a fin de tomar las decisiones y hacer las recomendaciones correctas, informadas e inteligentes.

De esta manera seremos parte de la transformación digital, ayudando a nuestros clientes a aprovechar las ventajas de esta, ser agentes de cambio, sin sacrificar nuestra importante labor de mantener la legalidad y seguridad jurídica de las actividades de nuestros clientes.