Reflexiones sobre la inversión en el sector energético
Fecha: 2 de abril de 2019
El escándalo del caso Lava Jato ha implicado principalmente a empresas que corrompen a políticos y funcionarios. Esto es una oportunidad para que compañías que tienen un alto nivel de ética demuestren su experiencia con los mecanismos de cumplimiento, regulaciones rigurosas y respeto al Estado de Derecho. Sin embargo, hay que señalar que, en varios casos, operar en Perú implica lidiar con la burocracia y el papeleo que retrasa innecesariamente los permisos y la operación.
Muchas empresas enfrentan la falta de capacidad de algunos funcionarios del sector público, sobre todo porque los niveles de remuneraciones no son competitivos con los del sector privado, y un marco reglamentario restrictivo, ineficiente y no transparente. También se genera un impacto negativo cuando los alcaldes, gobernadores y funcionarios hacen mal uso de su poder discrecional, a lo que hay que añadir la falta de decisión en los niveles superiores del poder ejecutivo y la Contraloría, que retrasan los proyectos.
Muchas licencias están sujetas a la voluntad de los empleados municipales, a Defensa Civil, a DIGEMID, a DIGESA, así como a otras instituciones, que varía de un lugar a otro y de un inspector a otro. Hay un exceso de agencias que intervienen en el proceso con visiones que pueden incluso tener criterios diferentes. Por ejemplo, la posición del regulador puede oponerse a la del Ministerio de Energía y Minas y causar confusión entre los inversionistas, en lugar de utilizar canales únicos para la atención, así como la implementación de esquemas de flujo de acuerdo con la jerarquía y otros criterios.
Por otro lado, es fácil para las fuerzas desestabilizadoras crear agitación al supuestamente defender los derechos de las minorías de las partes interesadas afectadas para obtener apoyo político, ya sea recurriendo a la consulta popular (que puede tardar un año entero en lugar del plazo legalmente estipulad de 120 días) o supuestas irregularidades en las evaluaciones de impacto ambiental previamente aprobadas.
Ahí tenemos los casos de Anadarko y Tullow, y los años que lleva la incertidumbre en torno a la viabilidad del proyecto hidroeléctrico Inambari. También está el ataque contra la rama septentrional del oleoducto norperuano causó el derrame de 8.000 barriles y la interrupción del bombeo durante más de dos meses. Es cierto que esto no tuvo nada que ver con las cuestiones de producción o consulta, sino con quejas sobre las recientes elecciones, pero es una señal clara de vulnerabilidad y dificultad para reaccionar. Y en general, independientemente de este caso, el oleoducto es uno de los puntos más débiles de la cadena, con 14 ataques entre 2016 y 2017, sin encontrar o condenar a nadie como culpable.
Ahora bajemos un nivel más en la cadena, y vayamos a la distribución. La falsificación de contenedores de gas y las instalaciones de energía ilegales son problemas importantes en el sector, como resultado de la falta de control o de ética en algunas autoridades. En el caso del gas licuado de petróleo, los cilindros se rellenan en instalaciones clandestinas, el contenido de los pequeños se transfiere a aquellos para el suministro a granel, o incluso deteriorados que deben ser retirados del mercado, pero que todavía están en uso. De 38.000 puntos de venta, sólo 8.000 cumplen con los permisos requeridos por las autoridades para operar. Además, aquellos que legalmente llenan los cilindros se ven obligados a vender a través de grandes concesionarios para evitar el riesgo de estar en contacto directo con minoristas ilegales, por lo que la cadena comercial se vuelve más caro.
El Fondo de Compensación de Precios de los Combustibles solo se aplica a los contenedores pequeños, pero no a las ventas a granel, por lo que cuando los precios son altos, los proveedores deshonestos rellenan contenedores a granel con gas obtenido de pequeños cilindros que se compraron a precios reducidos por la aplicación de la banda. Del mismo modo, los informales pueden comprar gas a granel cuando los precios son bajos, y venderlos en pequeños contenedores sin contribuir al fondo.
En cuanto a la energía eléctrica, existe un conflicto latente en la determinación de los aranceles de distribución en el sector energético, dado que será fácil argumentar que el daño causado a los consumidores por mantener tarifas “altas” es mayor que el causado por llevar a los proveedores a un punto financieramente inviable luego de forzar la reducción de los precios. Lamentablemente, el gobierno envía señales al mercado que se cambian permanentemente o que no se respetan.
Por último, cabe tener presente que la logística es uno de los principales retos para las operaciones de petróleo y gas en Perú, que pesan más del 30% en el costo total de un proyecto. Una logística costosa puede detener fácilmente cualquier plan. Para las empresas que operan en la selva, sería más fácil y menos costoso enviar el petróleo extraído a Ecuador y traerlo de vuelta al Perú, que trasladarlo a través de la difícil geografía de la Amazonía y las montañas. Sin embargo, la política supera la racionalidad económica y no se aprovecha esta posibilidad.
Estas son, en términos generales, las situaciones más importantes por resolver.