La huella de la primera década del TLC
Fecha: 6 de febrero de 2019
El primer día de este mes se cumplieron diez años desde la entrada en vigencia del Acuerdo de Promoción Comercial entre el Perú y los Estados Unidos, conocido como TLC. Luego de ver la facilidad con la que evolucionó el intercambio entre ambos países a lo largo de este tiempo, veo que todo el esfuerzo dedicado a lo largo de los dos años de negociación, y en los casi tres de implementación, valieron la pena.
El impacto del tratado en términos cuantitativos es contundente y demuestra que fue el tipo de choque positivo que se consigue a través de la gestión, y no de factores externos. Forzó un incremento en productividad que favoreció la competitividad. La tecnología y buenas prácticas de innovación que caracterizan a las empresas americanas son un ejemplo para seguir, sobre todo después de lo que hemos visto con las empresas brasileras y de otros países.
En los cinco primeros años de vigencia, antes de que el retiro del estímulo económico post crisis internacional y la caída en los precios de los metales afectaran a ambas economías, las importaciones al Perú desde los Estados Unidos crecieron 122% en términos de volumen, mientras que las exportaciones peruanas hacia el otro país lo hicieron en 56%. El 60% de las importaciones de los Estados Unidos está compuesto por bienes intermedios, de los que además es el principal proveedor del Perú a nivel global (29% del total, frente a 17% de China). Es decir, la industria peruana se vio tremendamente beneficiada por el abaratamiento de los insumos y bienes intermedios. En cuanto a las importaciones de bienes de capital, que fueron incorporados en exportaciones mineras y agrícolas, éstas no habrían podido crecer al ritmo que lo hicieron si los costos hubieran sido mayores o se hubieran importado de terceros país no competitivos.
La firma del TLC implicó la implementación del sistema de despacho anticipado para el comercio internacional, propició la homologación de reglas comerciales respecto a los demás países de la Alianza del Pacífico, normas fundamentales para la sostenibilidad, como la Ley de Límites Máximos de Captura para la pesca de anchoveta, y la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, lamentablemente tergiversada por grupos con intereses perversos. Fue un referente para la negociación de otros tratados comerciales, como el de Canadá, EFTA, Unión Europea, etc.
Además, contribuyó a la obtención del Grado de Inversión por parte de las tres grandes calificadoras de riesgo entre el 2008 y el 2009, al mejorar la percepción de la institucionalidad y el clima de inversión en el país. Esto quiere decir que, además de abaratar los costos para los consumidores y productores, el acuerdo contribuyó a que el gobierno peruano pueda financiarse con menores tasas de interés y conseguir fondos con mayor facilidad.
Finalmente, y tal vez más importante, el TLC entre el Perú y los Estados Unidos marca el antes y el después de la política comercial internacional. Al ser considerado un acuerdo de última generación, con altas exigencias que marcan el referente de estándares globales, principalmente en materia laboral y ambiental, el documento fungió como una especie de certificación. Si el Perú es capaz de cumplir con el gobierno más exigente del mundo, se asumió que lo podría hacer con cualquier otro. Actualmente se tiene una red de tratados de libre comercio que cubre más del 97% del comercio internacional del país.
Hoy el Perú aspira a formar parte de la OCDE, lo que resulta saludable por el hecho de subir la valla a la administración pública, al mismo tiempo que se pone presión por cumplir con las disposiciones necesarias en un plazo cercano. Si este es un proceso difícil y muchos dicen que el país no está aún en condiciones de aplicar sus estándares, lo sería aún más si el Estado peruano no hubiese mejorado como resultado de las exigencias del acuerdo comercial con los Estados Unidos. Pasados diez años, solo cabe agradecer a quienes contribuyeron a su negociación, aprobación, e implementación. Qué duda cabe que es una gran motivación para lograr esfuerzos público-privados que lleven a nuevos avances institucionales que consigan efectos positivos similares, como mejorar la institucionalidad y reducir la burocracia.