Reboot Minero: agenda pendiente
El aislamiento social obligatorio, en el marco del Estado de Emergencia Nacional declarado por el Gobierno Central, con la finalidad de hacer frente al COVID19, ha obligado a las empresas mineras a reducir sus actividades priorizando aquellas destinadas a garantizar el sostenimiento de operaciones críticas vinculadas a la seguridad, salud y medio ambiente.
Así, sus esfuerzos se han enfocado en prepararse para el reinicio de sus actividades, mediante la adecuación de sus instalaciones a las medidas sanitarias establecidas por el Estado y la elaboración de los más estrictos protocolos de cuidado, salud y seguridad para sus trabajadores directos, contratistas y proveedores durante la pre-movilización, ingreso y estadía en sus unidades mineras; asimismo, se ha previsto medidas de aislamiento temporal para la evaluación de casos sospechosos y evacuación de aquellos diagnosticados con COVID19.
En este contexto y, dado que estamos atravesando la última semana del aislamiento, consideramos necesario reflexionar sobre algunas cuestiones a tener en cuenta, de cara a la reactivación de las actividades productivas, en particular de la actividad minera.
El Ministerio de Energía y Minas, si bien se ha concentrado en elaborar y publicar protocolos y lineamientos destinados a garantizar la reactivación progresiva de las actividades mineras bajo medidas de seguridad sanitarias que eviten el contagio del COVID19, aún no se ha pronunciado acerca de cómo regulará ciertos procesos específicos y esenciales para el funcionamiento de la actividad mineraque requieren la concurrencia de un número importante de pobladores para llevarse a cabo. Estos son la ejecución de mecanismos de participación ciudadana presenciales, talleres informativos y de diálogo como parte de la consulta previa, monitoreos participativos, talleres regulares de planes de relacionamiento comunitario, entre otros. Es una realidad que dichas actividades no podrán realizarse de manera efectiva por el temor natural de los pobladores al contagio y los riesgos asociados que asumiría la empresa por cualquier contagio que podría darse entre los participantes.
En ese sentido, se hace urgente e imprescindible que los Ministerios de Minería y Ambiente, coordinadamente, establezcan alternativas razonables para que las empresas puedan continuar los procedimientos iniciados y cumplir con sus obligaciones sin asumir el costoso riesgo de quedarse estancados esperando indefinidamente el pronunciamiento del Estado.
Finalmente, se debe precisar que la necesidad de destrabar y simplificar la regulación actual bajo la presente coyuntura no busca, en modo alguno, reducir los estándares de cumplimiento de las normas sino reactivar de manera rápida y eficiente nuestra economía.